A nueve meses de comenzado el juicio por estafas millonarias en la venta de departamentos, finalmente este miércoles la Cámara 10º del Crimen dictó sentencias contra Jorge Ribeiro, a quien condenó a 11 años de prisión en suspenso, su yerno Carlos Castro, que recibió una pena de 8 años y a Georgina Ribeiro, quien fue sentenciada a 5 años.
Condenaron a Jorge Ribeiro a 11 años de prisión por estafas inmobiliarias
También fueron juzgados diversos integrantes de su familia, considerados como partícipes de la asociación ilícita. Las penas van de los 8 a los 5 años. Se trata de la primera vez en la provincia que se juzga como asociación ilícita un caso de fraude inmobiliaria.
Cabe aclarar que ninguno de los mencionados irá preso hasta que la resolución del tribunal quede firme en una instancia superior.
En detalle, al arquitecto Jorge Ribeiro se le computaron 34 estafas reiteradas y se le impuso una multa de 90 mil pesos por ser considerado jefe de la asociación ilícita.
Además, fueron condenados Carlos Hernán Castro a 8 años de prisión y multa de 80 mil pesos, con los cargos de jefe asociación ilícita y 5 estafas reiteradas.
Georgina María Ribeiro recibió una pena de 5 años y 60 mil pesos de multa. Se la consideró miembro de la asociación ilícita y le endilgaron participación en 11 estafas reiteradas.
Otros dos acusados recibieron penas de ejecución condicional: Ana Lucía Ribeiro, de 3 años y multa de 60 mil pesos y Marcos Javier Lío, de 2 años. Ambos fueron considerados miembros de la asociación ilícita, con cargos de estafas reiteradas.
Los ahora condenados realizaron estafas por alrededor de 15 millones de dólares en la venta de departamentos de los edificios de emprendimientos RAE, varios en la capital cordobesa y en Villa Carlos Paz.
La causa data de 2018 y se trató de departamentos que nunca fueron entregados y muchos de ellos ni siquiera fueron construidos.
Un caso paradigmático
La causa Ribeiro Construcciones representa un caso testigo, o leading case, porque puede marcar una “bisagra”, un antes y un después en la consideración de la venta fraudulenta de departamentos o unidades habitacionales que nunca fueron entregadas y que se considera desde la acusación nunca fueron previstas de entregarse.
En concreto, es la primera vez en la provincia que se aplica la figura de asociación ilícita -es decir, un complot entre más de tres personas- para defraudar a inversores inmobiliarios.
Tras este veredicto, se juzgarán acaso con esta óptica otros procesos judiciales que se tramitan durante años y que esperan la llegada de justicia, como las causas “Euromayor”, “Marieschi” y “Parque Siquiman”, por citar sólo algunas.